BALON CUADRADO
Jesús Yáñez Orozco
Pérez Caminero, ocho años de gambetear la ley.- Limpiaba euros de cárteles de México y Colombia.--’Operación hormiga’, con dinero en bolsas de plástico.
(Segunda de dos partes)
En una nota periodística firmada por el periodista español, Diego Caldentey, el 8 de enero de 2017 –la información.com--, donde subyace el caso del exfutbolista José Luis Pérez Caminero, acusado de lavado de dinero en 2009, a la sazón directivo del Atlético de Madrid, establece que para los ’sanguinarios narcos mexicanos’, España asoma como el centro de operaciones para la exportación de la droga al resto de Europa.
También un lugar seguro para esquivar las órdenes de busca y captura y los ajustes de cuentas. Que incluye parte de la élite política del Partido Revolucionario Institucional en el poder: Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, ex presidente del PRI, acusado de vínculos con carteles de la droga mexicanos, y Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz, considerado por la revista Forbes uno de los ’las 10 personas más corruptas’ del país, actual cónsul en Barcelona.
Los clanes de los Zetas, el Golfo y el de los Beltrán-Leyva son algunos de los que buscan extender sus tentáculos en estas latitudes. El objetivo es tener más presencia en un mercado colonizado por colombianos.
Aunque no se sabe de casos recientes del futbol español y grupos delincuenciales latinoamericanos.
El caso de Pérez Caminero es como de película hollywoodense, estilo Contacto en Francia, célebre a principios de la década de los 70s, donde el personaje central, un policía, es apodado Popeye –Gene Hackman-- anda en pos de un importante cargamento de heroína en Marsella.
El 11 de junio de 2014, la causa –por lavado de dinero sucio—del ex crack, fue retomada por la justicia española. Comenzó a haber más claridad en la oscuridad de la indagatoria de los gruesos expedientes con necio olor añejo a tinta y papel viejo.
Aparecerían más pistas cómo operaban los carteles mexicanos y colombianos de la droga. Pedía cuatro años de prisión y multa de cuatro millones de euros –unos 80 millones de pesos mexicanos. El ex deportista, una especie de play boy y rockstar, asediado por la prensa, jamás ha emitido declaración alguna sobre sus acusaciones.
De acuerdo con versiones periodísticas, el fiscal expuso sus conclusiones y pidió la apertura de juicio oral contra él y todos los presuntos integrantes de una banda internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Caminero fue detenido en junio de 2009, mediante un sofisticado equipo de espionaje policiaco, en la madrileña glorieta de Rubén Darío, cuando transportaba en su Mercedes GKD casi 60 mil euros, en billetes de 500, procedentes de esta red internacional de narcos.
Caminero era uno de los peones utilizados para cambiar los billetes pequeños procedentes de la banda por billetes grandes, de 100, 200 y 500 euros. Así lo entendía el fiscal en su escrito, al que tuvo acceso EL MUNDO. Explica que los máximos responsables de la trama de blanqueo utilizaban varios medios para concretar sus actuaciones.
En concreto, una joyería que uno de ellos regentaba en Madrid. La utilizaban como centro de recepción ’del dinero que las organizaciones colombiana y mexicana, lideradas respectivamente por Oscar Jaime Santamaría (condenado por delito contra la salud pública) y por Joel López de la Torre (actualmente en paradero desconocido), obtenían del tráfico de cocaína’.
Según el relato del fiscal, el dinero era entregado en la joyería en billetes de pequeño valor (5, 10, 20 y 50 euros) y ’posteriormente era retirado del local y canjeado en distintos lugares por otros de alto valor (100, 200 y 500) para, una vez en bajas denominaciones, ser transportado al extranjero, principalmente a Colombia y México’.
Y para realizar estas operaciones, los líderes de la banda tenían un pequeño ejército de blanqueadores, otros 14 integrantes, entre los que estaba Pérez Caminero, entonces director deportivo del Atlético de Madrid. Todos ellos sin antecedentes penales para no despertar sospechas entre las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Las entregas del dinero se realizaban en la trastienda de la joyería. Allí acudían numerosas personas ’no identificadas’ que portaban bolsas de plástico ’con el dinero en efectivo’. Similar como se hace en México y Colombia.
Uno de los líderes del grupo delincuencial, según el fiscal, recibía el dinero de las organizaciones de narcos. Contactaba con su red de cambiadores, que sacaban el dinero de allí ’en sacas o grandes bolsas de plástico’.
A partir de ese momento, los demás acusados ’intervenían en el transporte y canje de los billetes’. Cada uno tenía su contacto en oficinas bancarias o, incluso, notarías. Los centros de cambio se ubicaban principalmente en Valladolid y Madrid.
El fiscal detalla que Caminero ’contactaba asiduamente’ con uno de los máximos responsables de la red con el mismo propósito, ya que éste le proporcionaba con regularidad distintas sumas de dinero para que las canjeara por billetes de 200 y 500 euros.
’En ocasiones el propio José Luis se ofrecía para hacer el canje. Ambos acordaron, a finales de febrero y principios de marzo de 2009, canjear un total de 150 mil euros’, según la investigación, a través de una sucursal y de un apoderado de confianza suya.
La Guardia Civil siempre sostuvo que el margen de beneficio para los que se encontraban al nivel de Caminero era del 3% de cada una de sus operaciones.
’Operación Hormiga’, llamarían en México. En ese entonces cinco carteles de la droga con presencia en España: tres mexicanos: de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán, El Chapo, el de Michoacán y de los Zetas, así como los de Medellín Medellín, Colombia. Utilizaban a Pérez Caminero para blanquear dinero, por su capacidad operativa.
Según el diario mexicano El Universal –en una nota del 26 de febrero de 20014-- el 8 de agosto de 2012, cuatro miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos Jesús Gutiérrez Guzmán, primo de El Chapo Guzmán, fueron detenidos en un hotel madrileño. Días antes habían intentado introducir en España 373 kilos de cocaína de gran pureza a través del puerto de Algeciras (Cádiz).
El primo de El Chapo llevaba viviendo en Madrid desde el año anterior, mientras que los otros tres hombres habían viajado al país en numerosas ocasiones en los últimos años. Su idea era establecerse en España para dedicarse a distribuir la droga del cártel.
La operación llamada Rak Waters (Aguas oscuras), que había iniciado en 2009, fue lanzada por la policía española en colaboración con el FBI estadounidense. Ese año fue detenido el ex jugador.
Con la actuación de la Guardia Civil, se desmantelaron tres bandas coordinadas y dedicadas al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. La primera, compuesta por mexicanos, era la que se encargaba de obtener la cocaína desde su país.
La segunda banda (de colombianos) la distribuía. La tercera (de españoles), blanqueaba los beneficios. Las cantidades que movían eran muy elevadas. Supuestamente, durante los dos últimos años, sólo la banda de mexicanos blanqueó cerca de 60 millones de euros, unos mil 200 millones de pesos.
Ocho años después, el 10 de noviembre de 2016, de que aquellas diligencias previas (2000/2008) dieran comienzo, y tras numerosos obstáculos, por fin parecía que se acerca a su recta final la accidentada investigación, que realizó la Guardia Civil contra el ex futbolista y coacusados.
La nueva titular del Juzgado 3 de Majadahonda, Madrid, Silvia García Cuerva, que accedió a la plaza el pasado julio, daba el impulso definitivo a una causa que llevaba años estancada, y que avanzaba a trompicones. Debido, fundamentalmente, a la falta de funcionarios de justicia y al constante cambio de magistrados instructores.
El caso Caminero llevaba años paralizado: la Fiscalía no respondía a la propuesta de acuerdo del directivo rojiblanco: evitar la cárcel. Solo en los últimos tres años, nada menos que cinco jueces pasaron por el Juzgado que, sin embargo, llevaba ese mismo tiempo sin contar con funcionarios del cuerpo de auxilio de la administración de justicia.
Entre 2013 y 2014, además, el juzgado ha estado completamente vacío, sin un solo funcionario más allá del magistrado instructor y de la secretaria judicial. ’A cero funcionarios, cero trabajo que se puede sacar adelante’, explican fuentes jurídicas.
En octubre de 2014, la secretaria judicial del juzgado elevó de hecho una queja a la Comunidad de Madrid para protestar por "la grave situación de falta de medios" consecuencia de ’las plazas que se encuentran sin cubrir’ y comunicar que la situación comenzaba ’a ser incontrolable’.
El caso de Pérez Caminero seguía en el archivo muerto.
’La excesiva carga de trabajo y la no provisión por la Comunidad de Madrid del funcionario de plantilla’, argumentó Silvia García, hace que sea ’responsabilidad’ del Gobierno regional ’cualquier problema que surja como consecuencia’ de la falta de efectivos.
’Pese a los incuestionables esfuerzos de los funcionarios por hacer que el órgano judicial continúe funcionando con normalidad (...), la lógica nos indica que pueden acabar ocurriendo errores no achacables’ a los mismos, sino al ’incumplimiento por parte de la administración de sus deberes más importantes", como son "poner los medios necesarios’ para el correcto funcionamiento (de la acusación), añadió la secretaria judicial en la mencionada misiva.
Y tuvo lugar precisamente unos meses después de que el Juzgado dictara auto de apertura de juicio oral contra Caminero y sus otrora compañeros de andanzas.
La falta de medios y de personal, sin embargo, provocó que ese auto nunca fuera notificado a los procesados. Fue en ese contexto cuando, el pasado mes de julio, entró por la puerta la nueva jueza, García Cuerva, quien a modo de ’superwoman’, como la llama la prensa española, tomó la determinación de desatascar el caso.
Más de un centenar de demandas pendientes de incoar y decenas de autos, sentencias y escritos de todo tipo dormían el sueño de los justos esperando que alguien les diera vida y sería esta magistrada quien lo hiciera.
El narcobalón estaba en fuera de lugar: el limbo.
La instructora comenzó a citar, incluso en agosto, a todos los investigados en el marco de las diligencias previas 2000/08 para notificarles que iban a sentarse en el banquillo de los acusados porque así lo había determinado un juez dos años y medio antes, 19 de marzo de 2014, cuando el entonces titular del Juzgado 3 de Majadahonda dictó auto de apertura de juicio oral contra Caminero y una docena de imputados más.
La magistrada amenazó con la cárcel a todos los investigados en el caso de que no fueran a recoger el auto de notificación. No falló ninguno de los acusados, que hoy día ya saben que tendrán que defenderse ante la Audiencia Provincial de Madrid cuando este alto tribunal lo decida.
La paralización de la causa durante casi tres años ha provocado también que se hayan ido acumulando alegaciones y escritos. Las defensas, por ejemplo, han estado presentando alegaciones y reclamando el levantamiento de medidas cautelares.
La Fiscalía, por su parte, ha solicitado la imputación de otro sospechoso y realizado otras reclamaciones.
Incluso la Dirección General de la Policía ha remitido informes durante este tiempo de vía muerta en el que ha estado el procedimiento. Todos estos cabos sueltos fueron resueltos también por la magistrada García Cuerva, quien el 28 de julio finiquitó todas estas cuestiones salvo la planteada por el Ministerio Público.
Esta última fue zanjada por la jueza el pasado 17 de octubre de 2014, a modo de punto final a la tormentosa instrucción judicial.
La Fiscalía había reclamado que la magistrada incluyera a uno de los inicialmente acusados de formar parte de la trama de blanqueo (Ricardo M. M.) dentro de los procesados, a pesar de que el juez que dictó el auto de transformación en procedimiento abreviado (fin de la instrucción) lo había excluido y de que el auto de apertura de juicio oral (posterior al primero) le había vuelto a incluir.
La jueza resolvió dejar al margen de la causa a Ricardo M. M. puesto que el primer auto no le incluía y no había sido recurrido.
Durante el tiempo que el caso ha estado parado -en concreto, hace aproximadamente un año, 2016- la defensa de Caminero propuso a la Fiscalía alcanzar un acuerdo de conformidad para evitar el juicio.
El director deportivo del Atlético de Madrid estaba dispuesto a declararse culpable de un delito de blanqueo por imprudencia a cambio de ver rebajada la petición de pena, de cuatro, a menos de dos años de privación de libertad con el fin de que, al no tener antecedentes, el acusado no ingrese en prisión.
Rechazaba de plano, sin embargo, que la sentencia dijera que el dinero procedía del narcotráfico, como apuntó el Ministerio Público, que, sin embargo, no llegó a contestar a la propuesta del exfutbolista, quien durante el juicio pondrá sobre la mesa sin duda las dilaciones que ha sufrido la causa con el fin de que se vea reducida su condena, lo que previsiblemente sucederá.
Mientras tanto sigue pendiente la sentencia de José Luis Pérez Caminero, Play boy del balón y compinches, que gambetean la ley.