NoticiasPC
Agustín Peña Cruz
Tampico, Tamps.- En México, la reciente reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ha abierto un debate profundo sobre la calidad y el futuro de la administración de justicia. La disminución de once a nueve ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como la modificación en la integración de sus salas, fueron presentadas como un avance hacia un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía. Sin embargo, voces expertas alertan que el cambio ha dejado al descubierto un déficit de conocimiento técnico y jurídico entre quienes deberían encabezar la impartición de justicia.
En entrevista, el abogado Salvador Pérez Galván advierte que la exposición pública de algunos jueces y ministros refleja ’un preocupante desconocimiento de las fases y procedimientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)’, pilar normativo del sistema acusatorio, oral y adversarial vigente desde 2016.
’Muchos jueces de control desconocen al menos las bases fundamentales del CNPP. Este descuido se traduce en errores procesales que comprometen derechos de víctimas y acusados por igual’, señaló Pérez Galván.
REFORMAS CON GRIETAS ESTRUCTURALES
El artículo 94 constitucional establece que la SCJN se compondrá por un número determinado de ministros, organizados en salas, y detalla los principios de independencia y permanencia judicial. La reciente modificación redujo el número de ministros y reconfiguró la dinámica interna de las salas. No obstante, Pérez Galván sostiene que la reforma ’no vino acompañada de una estrategia robusta de capacitación’, lo que ha provocado fallas de origen en la aplicación de justicia.
La situación se ha vuelto más crítica en estados como Tamaulipas y Coahuila, donde varios magistrados electos han presentado su renuncia antes de asumir funciones. Este fenómeno, de acuerdo con el abogado, ’revela un vacío de preparación y congruencia en quienes aspiraron a un cargo para el cual se requiere plena competencia técnica y ética’.
UN SISTEMA PENAL DEBILITADO POR LA IMPROVISACIÓN
El CNPP, considerado la ’Biblia’ del nuevo sistema penal, define tres tipos de jueces: de control, de enjuiciamiento y de ejecución. Cada uno debe regirse por etapas procesales precisas, desde la audiencia inicial hasta la sentencia. La improvisación en este esquema, advierte el especialista, genera consecuencias graves: Vinculaciones a proceso sin contrainterrogatorio, práctica que vulnera el principio de contradicción; falta de perspectiva de género en las resoluciones, pese al mandato constitucional y a lineamientos de la SCJ, y deficiencias en la capacitación judicial, lo que perpetúa la desconfianza ciudadana en las instituciones.
’La ciudadanía exige justicia por homicidios, feminicidios o desapariciones. Pero si los operadores judiciales no dominan el marco procesal, la reforma se convierte en un cambio cosmético que no resuelve la crisis de fondo’, puntualizó Pérez Galván.
TRASFONDO POLÍTICO Y SOCIAL
La reforma judicial fue impulsada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de ’acercar la justicia al pueblo’ y erradicar prácticas de corrupción en la carrera judicial. Sin embargo, a juicio del entrevistado, la medida no ha generado la certidumbre esperada. ’Reducir salarios a ministros mientras se incrementan las nóminas de asesores refleja más una estrategia de imagen que un rediseño institucional congruente’, añadió.
El reto central radica en recuperar la confianza pública. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, INEGI) ha documentado que más del 60% de los mexicanos desconfía de los ministerios públicos y tribunales. Esta percepción se agudiza cuando casos emblemáticos muestran deficiencias procesales que terminan en impunidad.
EL DILEMA PENDIENTE
La transición hacia un Poder Judicial más eficiente no puede reducirse a un cambio numérico en la Corte ni a la sustitución de magistrados. Exige, en palabras de Pérez Galván, ’un compromiso integral de capacitación, independencia y apego irrestricto al marco constitucional y procesal’.
Mientras tanto, la justicia mexicana enfrenta un dilema: avanzar hacia un sistema sólido que garantice los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la CPEUM, o perpetuar la inercia de improvisación y desconocimiento que mina la legitimidad institucional.
En este escenario, la reforma judicial corre el riesgo de convertirse en un espejismo: una promesa de modernización que, en la práctica, revela las fragilidades de un sistema aún en construcción.