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Agustín Peña Cruz
Brigadas escolares y leyes que no se aplican en Tamaulipas
Altamira, Tamps.- En un país donde el andamiaje legal para proteger a niños y adolescentes es tan extenso como la lista de crisis que enfrentan las escuelas, el contraste entre lo escrito y lo ejecutado se vuelve insostenible. La diputada Maria del Rosario ’Charo’ González Flores, presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud en la LXVI Legislatura de Tamaulipas, lo sabe y lo admite: ’La figura de las brigadas escolares tiene ya mucho tiempo que fueron aprobadas, desde 2007, pero no han sido aprovechadas por la Secretaría de Educación’.
Las brigadas escolares, concebidas como estructuras de prevención, mediación y coordinación entre padres, alumnos y maestros, siguen siendo una promesa normativa. Mientras tanto, en planteles públicos como el CETis 78, la violencia, el acoso y la exposición de alumnos en redes sociales —gracias al uso indiscriminado de celulares— ponen en evidencia una fractura en la convivencia escolar.
EL MARCO LEGAL QUE EXISTE… PERO NO OPERA
México no carece de leyes. A nivel federal, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes obligan al Estado a garantizar entornos seguros, prevenir la violencia y privilegiar medidas socioeducativas frente a conductas de riesgo. En Tamaulipas, la propia Ley de Justicia para Adolescentes recoge esos principios, resaltando que ningún menor debe ser juzgado como adulto y que la privación de la libertad es la última de las medidas.
En materia educativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha impulsado manuales de seguridad escolar y protección civil que sugieren la creación de brigadas internas: de evacuación, de primeros auxilios y de comunicación. Sin embargo, lo que existe en papel no se traduce en protocolos estandarizados en los salones de clase, reconoce la diputada local.
La parlamentaria lo resume con claridad: ’Se trata de que la Secretaría de Educación empuje el tema, lo haga suyo y logre esa interacción entre todas las partes’.
CELULARES: SÍMBOLO DE UN VACÍO REGULATORIO
En la entrevista aparece otro punto controversial: el uso de celulares en la escuela. En redes sociales se viralizó un video del CETis 103, donde un alumno fue víctima de bullying y su humillación se convirtió en espectáculo digital. Para la legisladora, regular su uso es indispensable: no se trata de prohibir la comunicación entre padres e hijos, sino de garantizar que los dispositivos no se conviertan en armas de acoso ni en distractores permanentes.
Añadió que, los teléfonos pueden estar resguardados en la dirección y entregarse en periodos de recreo o al terminar la jornada, pero bajo un sistema organizado que dé confianza a padres y certidumbre a directivos.
EL EXHORTO QUE MIDE LA VOLUNTAD POLÍTICA
Charo González adelantó que ha enviado un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública estatal para dar cumplimiento a los plazos fijados en mayo pasado: 90 días para que las brigadas comiencen a operar. ’Estoy esperando los términos para ver qué avance lleva’, afirmó.
Ahora, el reto no es menor: mientras algunas escuelas privadas ya aplican protocolos internos de seguridad y mediación, expone la parlamentaria; la mayoría de las públicas sigue esperando lineamientos oficiales. La diputada insiste en que el marco regulatorio debe ser universal: no puede haber una brecha de protección entre quien paga colegiatura y quien asiste a un plantel público.