La teoría y praxis políticas, aunadas a la historia, indican que, hasta ahora, la democracia es el mejor camino para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social, pero como todos los esquemas de convivencia humana es perfectible.
ANDRÉS BRITO
En diversas partes de México hemos dado importantes avances en materia democrática, pero persiste el vacío de un contrapeso para evaluar y, en su caso, sancionar, a quienes elegimos para asumir la responsabilidad de gobierno, ya sea en los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel federal o estatal, e incumplen sus compromisos.
Desde hace más de un siglo, el voto, con los matices y variantes observados en el curso de nuestra historia reciente, ha sido la forma mediante la cual gobernantes y legisladores acceden a sus cargos, pero en no pocas ocasiones se apartan de los objetivos para los que fueron elegidos generando fuertes niveles de rechazo que la sociedad debe tolerar ante la imposibilidad de exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones.
Ante ello, la revocación del mandato, el plebiscito y el referéndum, herramientas contempladas para consolidar la participación ciudadana, se erigen como formas ideales para advertir a quienes se aparten de sus obligaciones públicas que pueden ser removidos por los mismos que los llevaron a ocupar sus cargos o a tener que renunciar a determinadas acciones de gobierno que no sean del agrado del electorado.
En el sistema mexicano disponemos del esquema del voto, pero ello no garantiza que los elegidos sean las mejores personas para gobernarnos, generándose en ocasiones crisis de confianza por la instrumentación de políticas equivocadas e incluso por conductas antisociales, situación que se agudiza por la ausencia de instrumentos jurídicos para que los ciudadanos puedan sancionar a sus autoridades.
Querámoslo o no, la revocación del mandato en poco tiempo será el mecanismo ideal para destituir al servidor público responsable de una mala administración o una crisis de confianza en el ejercicio de sus funciones o, en su caso, para legitimarlo en el cargo, de la misma forma que el plebiscito y el referéndum ocuparán un sitio importante en la administración pública.
¿Cuándo tendremos mecanismos eficaces de participación ciudadana?, no lo sabemos, pero es seguro que ese día llegará, pues se trata de una exigencia generalizada en todo el país. Hasta ahora sólo en Chihuahua existe la posibilidad de remover al titular del Ejecutivo estatal mediante un referéndum, lo que obliga al gobernador a conducirse por los mejores caminos.
La revocación del mandato debemos contemplarla como la contraparte del ’derecho a ser votado’, ya que mediante ese mecanismo los ciudadanos tendrán la facultad de destituir a los titulares de los órganos del poder público que han llegado por la vía del voto cuando incumplan con los compromisos y obligaciones que la ley establece o los adquiridos con la ciudadanía.
La revocación del mandato es un derecho fundamental: si alguien puede ser elegido, también debe afrontar la eventualidad de ser removido por quienes lo apoyaron, además de que esta posibilidad se erige como una defensa ante otras alternativas de fatales consecuencias como sería, en un caso extremo, un golpe de Estado técnico o parlamentario.
Los beneficios de una mayor y más efectiva participación ciudadana son, sin duda, cuantiosos, pero ¿qué nos garantiza que tales mecanismos no se conviertan en una medida inquisitorial? ¿El referéndum, el plebiscito y la consulta pública serán la varita mágica para garantizar gobiernos honestos, responsables y comprometidos con la sociedad?: por sí mismos, no. Para aportar óptimos resultados deberán ser ejercidos con toda responsabilidad y, sobre todo, con conocimiento de causa, ya que de otra forma se convertirán en mecanismos de presión política contra los ’indeseables’ del sistema o en amenos concursos de simpatías y antipatías.
Debemos reconocer que las redes sociales, aquellas en las que hace no mucho tiempo se confiaba que habrían de convertirse en la puerta directa a la contraloría ciudadana sólo son efectivas –salvo casos excepcionales– para el linchamiento mediático y para la desinformación de quienes las utilizan como fuentes informativas sin detenerse a evaluar su confiabilidad.
Para una auténtica participación ciudadana, la gente debe conocer pros y contras de las medidas y autoridades a evaluar, pues de ignorarlos su presencia en las urnas equivaldría a un ’volado’ en el que su voto carecerá de sustento real y razonamiento; no irá más allá de las creencias individuales o de rumores infundados o, lo peor, malintencionados.
¿En quién recae la responsabilidad de brindar información suficiente y equilibrada para que la participación en verdad aporte sus mejores resultados? Podríamos pensar en dos instancias: una pública y, la otra, en los medios periodísticos.
En el primer caso igualmente podríamos plantear varias alternativas, como el que el organismo electoral reuniera y diera a conocer los fundamentos y consecuencias de la consulta, o que las instituciones involucradas en la medida a evaluar asumieran el compromiso, considerando, en ambos casos, los planteamientos de la academia o las organizaciones civiles conocedoras del tema, para lo cual es natural que los medios colaborarían en el proceso de difusión.
La democracia participativa debe ser entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que las leyes señalen, y para garantiza su óptimo ejercicio la autoridad competente debe realizar una campaña de información previa a todo ejercicio de consulta ciudadana, referéndum o plebiscito.
Para lograr mejores resultados, estas campañas debieran ser elaboradas en idioma español y en las lenguas de los pueblos originarios de la Ciudad de México y comunidades indígenas migrantes asentadas en la capital del país.
Las campañas informativas deberán ser elaboradas con el apoyo de especialistas en la materia objeto de la consulta, e incluir las opiniones de los sectores directamente interesados, y considerar todos los puntos de vista, además de que deberán desarrollarse con un lenguaje claro, breve y preciso para hacerlas accesibles a todos los estratos de la sociedad.
Para la segunda alternativa, deberíamos contar con medios informativos comprometidos en promover la participación ciudadana. En tal situación, la única condición sería que los medios incluyesen los puntos de vista de los sectores ideológicamente contrapuestos a su forma de ver las cosas, sin relegar compromisos como el de hacerlas accesibles a todos los estratos de la sociedad.
En cualquiera de ambas alternativas, el derecho a la información y a la participación ciudadana irían de la mano con un rico caudal de beneficios para la sociedad en su conjunto.