IMPERTÉRRITO
Diego Alcalá Ponce
Nuestra Constitución Política otorga los mismos derechos y obligaciones a todos los mexicanos por igual, por lo que se desprende que, cuando alguien es requerido por alguna autoridad, se supone que fue en base a esos mismos preceptos. Ante tal situación, es obligación de las partes involucradas, por parte de la autoridad, primero, antes de su petición, asegurarse de que ésta procede jurídicamente. Por la otra, demostrar lo contrario en base a los mismos términos constitucionales.
A decir verdad, el amparo no resuelve nada, sólo retrasa y alarga el proceso tratando de evitar así la inminente sentencia. Lamentablemente, el amparo, siempre ha sido un gran negocio. Los ejemplos más claros de esto están en los delitos por cuantiosos fraudes y hasta en crímenes y violaciones, pues mientras dura la vigencia del amparo, los abogados defensores hacen el negocio de su vida y hasta se vuelven famosos. Todo gira en torno al dinero.
Se entiende que el amparo es para todo aquél que lo solicite, pero, ¿qué autoridad lo otorga? ¿cuáles son los requisitos y cuánto cuesta? En casos tan sonados en los que los inculpados son perseguidos y encarcelados en otros países inclusive, por delitos cometidos aquí, ¿porqué, al ser extraditados ya vienen amparados, y luego de pisar suelo mexicano son liberados y no van a la cárcel? ¿Para eso sirve el amparo? ¿Por qué los jueces son tan ’benévolos’ otorgándoselos a quienes con artimañas logran burlar la justicia? Se supone que antes de otorgar un amparo debe cerciorarse primero si el solicitante realmente lo merece.
¿Cuándo escucharemos a un inteligente y valiente abogado exigir que estos ’privilegios jurídicos’ sean erradicados para que no sirva más de refugio a tantos delincuentes? O, ¿hasta cuándo un visionario, responsable y ’honrado legislador exigirá al Congreso de la Unión, que tanto el fuero como el amparo deben ser derogados para que no sigan siendo una de las principales causas de la desgracia del pueblo de México?
Lamentablemente, mientras sean los mismos legisladores los encargados de promover y reformar nuestras leyes, quienes se opongan a la derogación de estos funestos privilegios, nunca saldremos de donde estamos. ¿Por qué ellos sí disfrutan de fabulosos salarios y prebendas que ofenden la dignidad del desgraciado pueblo que apenas si le alcanza para comer?
Nada más lamentable que la triste realidad sociopolítica en la que sobrevive el pueblo de México por culpa de políticos irresponsables que solo buscan su propio beneficio. Es tiempo ya de erradicar esa lacra social de ineptos y corruptos.
diegoalcalaponce@hotmail.com