Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
Grave riesgo de violencia en los comicios federales de este año
4T no cuenta con plan de contingencia ante actividad criminal
Crimen organizado será un factor decisivo en elecciones 2024
¿Es posible la anulación del proceso con el apoyo de malosos?
Ciudad de México, 15 de enero de 2024.- Con organismos públicos que organizan, arbitran y califican las elecciones debilitados por el actual gobierno federal, los comicios del próximo dos de junio serán violentos, tanto o más que los de 2021. La ola de violencia se mantiene en muchos municipios, la inseguridad impera y las autoridades son incapaces de poner orden. Están plegadas a los deseos de las organizaciones criminales y son presionadas para respetar los pactos alcanzados para llegar al poder en diversas entidades. Persisten los asesinatos de aspirantes a candidatos a cargos de elección popular y son los cárteles criminales los que aprueban a los abanderados de los partidos. No hay un plan para hacer frente a esta crítica situación que pone en riesgo la democracia mexicana.
Dentro del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) no existe un plan que aglutine los esfuerzos de las autoridades electorales y de seguridad municipal, estatal y federal, para hacer frente al grave riesgo de la intervención ilegal y violenta del crimen organizado en los comicios federales, lo cual fomenta la impunidad en todo el país. Está demostrado ampliamente: hace tres años el crimen organizado influyó en el proceso electoral, al realizar acciones que favorecieron a candidatos del partido Morena y los empujaron a triunfar en diversas entidades federativas, sobre todo en el Pacífico, precisamente en la llamada ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos.
Los criminales, abiertamente, realizaron acarreo de votantes, repartieron propaganda, destruyeron material de la oposición, amenazaron a aspirantes, efectuaron narcobloqueos, privaron de la libertad a operadores políticos y atentaron contra políticos opositores. El narcotráfico facilitó la victoria de los candidatos de Morena y se convirtió en un factor decisivo para alcanzar las gubernaturas en juego en esos comicios. Muchos de los actuales gobernantes le deben sus triunfos al activismo de las organizaciones criminales a su favor, irregularidades no investigadas a pesar de haber sido denunciadas tanto en los organismos electorales como en las fiscalías estatales y federal. Se hizo caso omiso a las denuncias y se aplicó el clásico: ’haiga sido como haiga sido’.
Actualmente, es sumamente peligrosa la participación de la delincuencia en los procesos comiciales federales de este año, pero sobre todo en las elecciones locales pues afectarán el resultado electoral y la calidad de la democracia, advierten especialistas como Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Los asuntos de violencia y de inseguridad alrededor de la organización de los comicios federales y locales de este año no están siendo atendidos debidamente por las fiscalías especializadas en delitos electorales a nivel federal y estatales, ni el Instituto Nacional Electoral o las OPLES están tomando las medidas necesarias para evitar la delincuencia se convierta en un factor decisivo a la hora de ir a depositar el voto.
Prácticamente no hay avances en las investigaciones de los asesinatos contra políticos registrados desde el inicio del proceso electoral, contribuyendo al imperio de la impunidad, lo que, en un círculo vicioso, promueve el crecimiento de delitos. Diversos analistas advierten el riesgo de violencia rumbo a las elecciones en diversas entidades de la República, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa o Tabasco, por la lucha abierta por el control de diversas regiones entre las principales organizaciones criminales: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En varias entidades, los candidatos a gobernador del partido gobernante, Morena, procuran ratificar la alianza con las organizaciones criminales para poder, primero, realizar su campaña proselitista y, después, para poder gobernar. Los pactos entre candidatos y criminales se han convertido en el pan de cada día en este sexenio.
Las elecciones federales y locales están en grave riesgo en entidades como Guerrero y Michoacán, pues las organizaciones criminales se han hecho con el control de las actividades económicas y políticas de decenas de municipios. Activistas como Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, advierte que en la región de tierra caliente se espera se replique la violencia contra candidatos, candidatas y ciudadanos, no solo de la oposición sino también del partido en el gobierno, Morena. En diversas regiones de Guerrero, no sólo en la Tierra Caliente, sino también en la Zona Norte, Costa Grande, Zona Centro, Montaña Baja y Acapulco, se espera se incremente la inestabilidad y la ingobernabilidad debido al crecimiento de algunas organizaciones criminales.
Guerrero se convertirá en un polvorín en los próximos meses, advierten observadores y especialistas en comicios electorales, quienes alertan que las organizaciones criminales se han convertido en un factor real de poder en esa entidad pues les imponen candidatos a los partidos políticos para las alcaldías y las diputaciones locales, por lo que los dirigentes partidistas deben pactar con ellos, pues cuentan con el control de diversos municipios como Zapotitlán Tablas, Acatepec, Atlixtac; Olinalá y Copanatoyac. La situación de narcoviolencia también incide en otras localidades como Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, José Joaquín Herrera, Tixtla, Quechultenango, Mochitlán, y hasta en la capital Chilpancingo. Los grupos criminales controlan las finanzas públicas municipales y las áreas de seguridad pública y obras.
El débil gobierno de la morenista Evelyn Salgado es impotente ante el poder alcanzado por los grupos criminales, y la inseguridad no tiene freno, a pesar de las actividades de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía estatal. Guerrero es ejemplo del fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los niveles de pobreza y violencia en Guerrero se han incrementado en el gobierno de la morenista Salgado, mientras los grupos criminales y caciques se disputan el botín político.Ni el gobierno federal ni el gobierno local de Evelyn Salgado han tomado medidas para enfrentar la violencia en el proceso electoral venidero, y no existen las condiciones para celebrar unas elecciones pacíficas y apegadas a la legislación electoral vigente. Partidos como Movimiento Ciudadano (MC) han anunciado no registrarán candidatas y candidatos en este proceso electoral en los municipios o distritos electorales en donde no haya condiciones.
Este año estarán en disputa 20 mil 375 posiciones. Por la alta inseguridad pública por pandillerismo, vandalismo, comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas o presencia de personas armadas, en las pasadas elecciones federales se registraron 12 mil 600 secciones en riesgo para organizar la elección por ubicarse en zonas de alta inseguridad. Los partidos políticos coincidieron con las autoridades electorales en que 40 distritos estaban considerados como ’focos rojos’ en esa ocasión. Hoy, el número se ha incrementado a 74. En esos distritos, los medios de comunicación han registrado ataques a políticos, operadores partidistas y funcionarios electorales; masacres, plagios, enfrentamientos entre criminales, desalojo de pobladores por el crimen organizado, así como emboscadas a policías y Fuerzas Armadas.
Hay zonas de riesgos para las próximas elecciones en al menos 21 entidades: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz, Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Quintana Roo. En el pasado proceso electoral federal, los partidos políticos detectaron alrededor de 100 municipios en los cuales sus candidatos no pudieron hacer campaña porque fueron amenazados, agredidos, sus operadores fueron asesinados o sortearon diversos obstáculos. Rumbo a la próxima elección federal, las principales regiones afectadas son las de Tierra Caliente, entre ellas el Estado de México, Guerrero y Michoacán, por la disputa entre ’La Familia Michoacana’ con grupos rivales y las extorsiones que realiza a las autoridades y pobladores.
En la entidad gobernada por Delfina Gómez, municipios como Texcaltitlán, Valle de Bravo, Sultepec, Tlatlaya, Luvianos y Tejupilco, entre otros, están dominados por el crimen organizado y son vigilados permanentemente por ’halcones’ de los grupos criminales. En Michoacán se repite este caso, pues en municipios como Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla, grupos criminales como ’Los Viagra’ imponen su ley y extorsionan a los productores agrícolas. En Guerrero, municipios como Coyuca de Catalán, Pungarabato (Ciudad Altamirano), Arcelia, Taxco y Zirándaro, resiente la presencia de grupos criminales que imponen su ley. Y en Chiapas, el problema de violencia e inseguridad se centra en su frontera sur con Guatemala, pues se han registrado innumerables balaceras entre el Cártel Jalisco Nueva Generación contra el Cártel de Sinaloa en Motozintla, Siltepec, Mazapa de Madero y Chicomuselo. Lo mismo ocurre en Los Altos, en municipios como Pantelhó y Chenalhó.
En Tabasco, tienen problemas de violencia e inseguridad en municipios como Juárez y Reforma. En Guanajuato la violencia se recrudeció en el último año en localidades como Celaya, Juventino Rosas, Villagrán, Irapuato, Moroleón, Apaseo y Salvatierra. Zacatecas también resiente inseguridad, particularmente en Fresnillo, Jerez y Tepetongo. Otra zona con gran inseguridad va de Manzanillo, Tecomán y Armería, en Colima, hasta Los Altos de Jalisco. En Matehuala, en San Luis Potosí, se reportan múltiples plagios a migrantes y la acusación de autoridades coludidas con el narco, lo cual afecta hasta Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Diversas localidades de Jalisco resienten también la actividad de grupos criminales como Tlaquepaque y Jocotepec. El Estado de México también sufre de una intensa actividad criminal en municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec. La Ciudad de México resiente la actividad criminal especialmente en la alcaldía Cuauhtémoc. Lo mismo sucede en municipios de Nuevo León.
De ahí surja la duda: ¿si pierden arrebatan anulando las elecciones por violencia en el 20 por ciento de casillas? ¿Aunque los delincuentes pueden impedir la apertura con los mismos resultados? ¿Es ese el otro plan?
DE LOS PASILLOS
Los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados están conscientes de que en esta legislatura no será posible aprobar las reformas constitucionales que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 5 de febrero, pues sus votos y los de sus aliados no alcanzan la mayoría calificada para sacarlas adelante. La diputada morenista Graciela Sánchez Ortíz, admitió: ’Ya estamos preparados, sabemos muy bien que no contamos con la mayoría calificada, este es un tema que tendría que verse si en esta ocasión pudiera uno alcanzar acuerdos con algún partido de la oposición para sacar estas reformas’, y adelantó que en caso de no llegar a un acuerdo con la oposición, Morena buscará aprobar las iniciativas en la siguiente Legislatura, que inicia en septiembre de este año con los nuevos diputados federales, una vez que se haya renovada la composición de la Cámara de Diputados…No cabe duda, son iniciativas electoreras y ojala nunca las aprueben porque la herencia sería maldita.
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