Ciudad de México marzo 28 de 2018.- En este sexenio el saldo en materia de Derechos Humanos es desfavorable, señaló Ombudsman nacional, Raúl González Pérez, quien sostuvo que a la fecha no hay mayor respeto y vigencia de los derechos humanos, ni se ha fortalecido el Estado de Derecho, tampoco ha cambiado el entorno caracterizado por los binomios de inseguridad y violencia; impunidad y corrupción; desigualdad y pobreza en nuestro país.
Al presentar el Informe de Actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el presidente Enrique Peña Nieto, señaló que la población demanda un México con una institucionalidad fuerte, ’que recobre para sus habitantes la expectativa de un rumbo de paz, seguridad y desarrollo, que haga a un lado el miedo y la incertidumbre, que cada persona y el conjunto de la sociedad vuelvan a tomar el control y responsabilidad de nuestro futuro, hoy empañado por la violencia, la impunidad y la corrupción’.
Consideró que se está a tiempo de definir y lograr el país y la sociedad que la sociedad mexicana quiere para su futuro, ’el dolor y sufrimiento de miles de personas derivado de hechos de violencia, desaparición de personas, desplazamientos forzados y víctimas de algún delito, son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante estos casi seis años’.
Ante el Presidente Enrique Peña Nieto y Miembros de su Gabinete residente, reunidos en el salón ’Adolfo López Mateos’ de la Residencia Oficial de Los Pinos, enfatizó que nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo ni por cualquier medio, recordó que en días pasados el Mandatario mexicano señaló que sería ingenuo y negligente pretender que el Estado renunciara al uso de la fuerza, y señaló que eso es cierto, como también lo es suponer que solo el uso de la fuerza, por legítimo que sea, debe ser la respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad.
La violencia, dijo, ha demostrado ser una inversión muy poco redituable, que tiene un costo altísimo para todas las personas, mencionó que el PRONAPRED dejó de recibir recursos públicos de manera específica en 2017.
Tras exponer los aspectos más relevantes de la actividad institucional de la CNDH durante el año pasado, explicó que se ha dado atención y respuesta a más de un millón doscientas cincuenta y siete mil personas que desde 2012, que han acudido al Organismo Nacional para solicitar su intervención o asesoría al considerarse agraviadas por algún abuso de poder, e hizo algunas reflexiones sobre lo que podría ser un balance general de la situación de los derechos humanos, durante los poco más de 5 años de la actual administración.
Dijo que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 hubo 21,459 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en 2017 la cifra fue de 25,340, la más alta en los últimos 20 años, y apuntó que sin seguridad jamás habrá vigencia real de los demás derechos fundamentales, y sin el respeto a los mismos las medidas de seguridad serán vistas como imposición autoritaria.
Firme la autonomía de la CNDH
El Ombudsman nacional reconoció que no ha recibido del Ejecutivo federal ningún intento de intromisión que pretendiera vulnerar la autonomía de la CNDH; no obstante, precisó que los exhortos, propuestas y determinaciones del Primer Mandatario encontraron poco eco en las distintas autoridades, pues, aunque los derechos se asumen como prioridad en los discursos, su materialización efectiva queda relegada, como si fueran algo secundario.
Mencionó el optimismo de la instrucción presidencial para que las instancias de gobierno revisaran las recomendaciones pendientes de cumplimiento, la cual no fue atendida en sus términos y sería deseable que se cumplieran ese diagnóstico y plan de trabajo.
Detalló que en 2017 las cinco autoridades federales con el mayor número de recomendaciones en trámite eran la Comisión Nacional de Seguridad, con 63; el IMSS, con 50; la Procuraduría General de la República, con 37; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 18 y la SEP con 16.
De igual forma, los 5 gobiernos estatales con el mayor número de estos asuntos en trámite fueron los estados de Oaxaca, con 16; Guerrero, 15; Chiapas, 12; Tabasco, 11 y San Luis Potosí, 9. Respecto de Recomendaciones o informes emitidos por la CNDH en casos de violaciones graves a los derechos humanos, que han sido aceptados por las distintas autoridades, solo una tiene pruebas de cumplimiento total, con independencia de que hayan sido dirigidas a instancias federales o estatales, por lo cual indicó que sería señal muy positiva de coherencia, responsabilidad y compromiso con los derechos humanos que antes de concluir la actual administración se dé cumplimiento a las propuestas formuladas por el Organismo Nacional.
Luego de mencionar que solo 9 de 57 puntos propuestos por la CNDH en el caso Iguala habían sido cumplidos al concluir 2017, 36 estaban en vías de atención y 12 no habían sido atendidos, destacó la complejidad y falta de voluntad real y compromiso para esclarecer el asunto, lo que evidencia que el modelo de operación de la PGR está agotado y es necesario concretar las reformas en el ámbito de procuración de justicia para garantizar la autonomía, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de esa función.
Puso en relieve que cuando la CNDH ha denunciado actos de tortura, desaparición forzada, detenciones o ejecuciones arbitrarias. no se pretende denostar a las instituciones o impedir el legítimo ejercicio de sus atribuciones.
La CNDH no defiende delincuentes ni busca su impunidad
Destacó que el Organismo Nacional no defiende delincuentes ni busca su impunidad; impulsa que los derechos sean vigentes para todas las personas y que la ley se aplique de manera debida y sin distinciones.
Sobre agresiones a periodistas dijo que a ocho meses de que exista un nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal, ya se ha registrado un número igual de periodistas asesinados que en el sexenio anterior, elevando la cifra de periodistas privados de la vida en 12 años a 104 casos que, en su mayoría, siguen en la impunidad.
Reconoció la destacada participación de las Fuerzas Armadas para atender desgracias naturales, como los sismos de septiembre pasado, y señaló que es deseable que las autoridades vigilen la ayuda y apoyo a damnificados, ante la posibilidad de desvíos y malos manejos, así como que pudiera haber actos de corrupción en el otorgamiento de licencias y autorizaciones para construcción que derivaron en la pérdida de vidas humanas.
Respecto de la Ley de Seguridad Interior, recordó que debe ser compatible con la defensa y protección de los derechos humanos por lo que la CNDH y otras instancias promovieron Acciones y Controversias de constitucionalidad que están en trámite. Con tal acción se pretendió consolidar las instituciones y preservar el Estado de derecho defendiendo la Constitución y las prerrogativas en ella reconocidas.
Llamó a reconocer, entre otras, la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, para recibir casos individuales en que se considere que el Estado vulneró derechos humanos; y ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico.
Ante la institucionalidad débil, González Pérez expresó que la sociedad clama por seguridad, alto a la violencia, imperio de la legalidad, reducción de impunidad, prevención y sanción de la corrupción, además de reducir la desigualdad mediante políticas económicas que propicien desarrollo y reducción de la pobreza.
Además, dijo que es necesario abatir los cotos de poder en el servicio público, y tener una burocracia capacitada, comprometida y sujeta a controles de desempeño y rendición de cuentas para sin inhibir el ejercicio de sus funciones, dar certidumbre a la sociedad de que está preparada para servirla.
El combate frontal a la corrupción y el abatimiento de la impunidad deben asumirse como materias prioritarias en la planeación del quehacer público y en los hechos. En el uso de la palabra, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la sociedad civil, y expresó la ’firme voluntad’ del Gobierno de la República de continuar con el trabajo en estrecha colaboración y coordinación con la CNDH
’Hago extensivo este reconocimiento a la labor decidida de quienes desde las organizaciones de la sociedad civil también son defensores de los derechos humanos’, afirmó el Primer Mandatario del país, e indicó que en muchos casos son voces ciudadanas las que señalan áreas de oportunidad, denuncias y abusos, o generan valiosas propuestas en favor de los derechos fundamentales. ’Aunque en ocasiones haya diferencias y opiniones distintas –añadió—, el Estado mexicano en su conjunto debe valorar estas contribuciones y continuar abriendo espacios para la activa participación de la sociedad civil’.
Comentó que desde el inicio de su administración ha demostrado absoluta y total disposición para recibir, aceptar y cumplir las observaciones de la CNDH. ’Éste también será el caso para el total de las recomendaciones que la Comisión emitió en 2017’, enfatizó. Finalmente, el Presidente de la República mencionó que en cinco años se ha fortalecido el régimen jurídico de los derechos humanos y se han establecido nuevos ordenamientos que atienden retos históricos.