PARA CONTAR
Arturo Zárate Vite
Como a muchos, a diputados y senadores se les ha acumulado el trabajo, por la emergencia provocada por la pandemia. La videoconferencia o comunicación virtual no ha sido suficiente para ponerse al día, pero tendrán que perfeccionarla, para hacerla más ágil, efectiva y poder legislar en circunstancias adversas como las que vive el mundo.
El recurso de las nuevas tecnologías debe volverse práctico, para que el trabajo no se paralice ni aumente el rezago. Hay pendientes que no se pueden posponer, porque tienen tiempos fatales.
Hay que sacarle provecho al uso de la comunicación virtual, es el futuro; adecuar el reglamento de operación legislativa, no rehuirle a la modernidad.
Si ya hay empresas que empiezan a considerar como opción el trabajo en casa, los legisladores no se pueden quedar atrás; para casos de emergencia o por cualquier otro motivo extraordinario, en principio.
El tiempo no se detiene. Es cierto que hay un ’reloj legislativo’, que se ha podido ajustar para salvar plazos fatales, términos legales, pero no funciona en todos los casos, salvo que se quieran correr riesgos de operación en instituciones claves para el país y su democracia.
Por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene pendiente elegir cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Se retrasó el procedimiento por el Coronavirus, entendible y justificable. Ingrediente extra es que 12 aspirantes eliminados se inconformaron con la fase tres de evaluación (examen escrito de conocimientos electorales), entre ellos Jorge Alcocer, titular de asesores en la Secretaría de Gobernación.
Faltan entrevistas a 60 seleccionados (30 hombres y 30 mujeres), integración de cuatro quintetas y votación del pleno de diputados (dos terceras partes de los asistentes).
El Consejo General del INE ha venido funcionando con siete consejeros y hay quien cree que así puede seguir y que hasta podría considerarse comprimir este órgano electoral. El argumento es muy frágil, porque hay tiempos y una ley que se debe cumplir.
Elecciones en el 2021 y el llamado año electoral, por ley, empieza el próximo septiembre, para armar la organización de la contienda. Entonces, apenas alcanzaría para cumplir con lo que marca la legislación, no para cambiar reglas del juego.
Antes de septiembre, el INE tiene que atender diversas tareas, que de no hacerlo, producirían un efecto domino, que terminarían por desajustar otras funciones.
Definir si hay o no organizaciones que hayan hecho lo indicado por ley para obtener su registro como partido y competir en las elecciones del próximo año.
También organizar las elecciones locales de Hidalgo (alcaldes) y Coahuila (diputados), que se pospusieron por la misma emergencia. Se realizarían a finales de julio o en las primeras semanas de agosto.
Por ley, antes de octubre, tendría que culminar el proceso de elección de 46 consejeros de Organismos Públicos Locales (Oples) en 18 estados. Y para poder elegirlos, se requiere el voto de al menos ocho consejeros del Consejo General del INE (en este momento hay siete).
Pendientes insoslayables con tiempo de caducidad.
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